Los municipios estarán obligados a «neutralizar» su huella de carbono
La Ley de Cambio Climático exigirá a cada ciudad hacerse cargo de sus emisiones | El consejero alega que esta legislación afectará al desarrollo de otras normativas
Verónica Pavés 26.11.2019 | 01:10
Los municipios estarán obligados a «neutralizar» su huella de carbono
Cada municipio canario deberá hacerse responsable de las emisiones de dióxido de carbono que lanza a la atmósfera. Al menos eso es lo que promulgará la próxima Ley de Cambio Climático, cuyo borrador tiene previsto ver la luz la próxima primavera. «Los municipios tienen que empezar a ser ecológicamente sostenibles y tender a conseguir una huella ecológica neutra», insistió José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
El conjunto de acciones destinadas a «neutralizar» las emisiones de dióxido de carbono tendrán que tener muy presentes las especificidades de cada territorio. De modo que cada región sea capaz de compatibilizar su desarrollo económico con la mitigación de las consecuencias de la crisis climática. En este sentido, «no serán iguales las acciones de un municipio que sustente su economía en la industria que una que lo haga en el sector primario», alegó Valbuena, porque «la huella ecológica no es la misma».
Es una de las medidas que contemplará la Ley de Cambio Climático que actualmente se encuentra en fase de consulta previa. «Estamos perfilando su estructura gruesa», afirmó Valbuena durante una rueda de prensa, que señaló que toda la redacción del proyecto está yendo de la mano de la evidencia científica.
Apuesta por la mitigación
En este sentido, el consejero de Transición Ecológica concluyó que la normativa se vertebrará en dos aspectos fundamentales: la mitigación y la adaptación. No obstante, Valbuena hizo especial hincapié en la primera pues, como señaló, «cuántas más medidas de mitigación eficaces llevemos a cabo, menos bruscas serán las de adaptación». En cuanto a las medidas específicas para preparar a la población, el consejero adelantó que serán de dos tipos: climáticas y no climáticas y que, en todo caso, «no serán sencillas» de poner en marcha. Su aplicación se basará en el principio «prueba-error». El consejero transmitió que «aún estamos a tiempo» pero que la comunidad debe mostrar su «capacidad de resiliencia», pues las modificaciones asociadas al cambio climático aún se pueden acelerar más. De hecho, el escenario actual es peor que el que habían previsto los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) a principios de siglo. Y seguimos marcando récords históricos. En el día de ayer, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó de que los niveles de gases efecto invernadero volvieron a aumentar en concentraciones sin precedentes en 2018. Ese año los niveles de dióxido de carbono (CO2) se situaron a 407,8 partes por millón (ppm), frente a las 405,5 ppm de 2017, según datos del boletín de gases de efecto invernadero (GEI). Según la OMM esta tendencia ascendente no pretende parar, en todo caso continuará creciendo sin que haya un techo de emisiones en el horizonte temporal más cercano (2020 o 2030) y menos si se mantienen las actuales políticas. Además, las concentraciones de metano y óxido nitroso se dispararon y ascendieron en mayores cantidades que durante los últimos diez años, según las observaciones de la red de la Vigilancia de la Atmósfera Global, que cuenta con estaciones en las regiones remotas del Ártico, en zonas montañosas y en islas tropicales.
Modificaciones legislativas
Debido a la «imagen aterradora» a la que se enfrenta todo el planeta y, concretamente Canarias, la normativa para luchar contra el Cambio Climático tendrá un claro objetivo: cambiar las tendencias. Y con ello, también las leyes por las que se rige la comunidad autónoma. En este sentido, una de las normativas más proclives a modificarse «mucho o poco» es justamente la Ley del Suelo, que logró aprobarse hace dos años tras un intenso debate sobre su contenido.
Independientemente de que esta ley nunca haya estado respaldada por el partido socialista, José Antonio Valbuena puntualizó que «cuando hablamos de que el nivel medio del mar va a subir un metro de aquí a 50 años, no tiene mucho sentido que una ley de planificación territorial no contemple ese efecto». Esta ley deberá de contemplar, además, nuevas formas de clasificar el suelo y de recuperar los «usos tradicionales», unos aspectos que actualmente no contempla.